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Deontología profesional

El ejercicio de la profesión de inspector de educación apela a normas de conducta y comportamientos éticos que orienten la práctica profesional y las relaciones tanto entre los mismos profesionales como entre éstos y el resto de miembros de la comunidad educativa.

 

En 1966, la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación del profesorado animaba a las organizaciones profesionales a «elaborar normas de ética y de conducta, ya que dichas normas contribuyen en gran parte a asegurar el prestigio de la profesión y el cumplimiento de los deberes profesionales según principios aceptados.

La deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por este motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas normas y, a su vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos.

ADIDE CLM quiere colaborar en reforzar la confianza y el respeto hacia la profesión de la inspección educativa, reconocidas en el artículo 151 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación. Para ello nos exigimos como Asociación, que el profesional muestre niveles adecuados de competencia y conducta, tanto en el desarrollo de su actividad de supervisión e inspección del sistema educativo en Castilla-la Mancha, como, aun cuando fuera de ésta, actúe como representante de la profesión o por identificación pública con la misma.

Para conseguir este objetivo hemos de fomentar el perfeccionamiento, la investigación y la formación entre sus miembros, así como el trabajo en equipo que desarrolla el capital humano y multiplica el talento de los individuos.
Se entiende por deontología profesional la aplicación de los principios éticos y de conducta generales al ejercicio de la actividad profesional. En la inspección de educación de Castilla-La Mancha no existe, propiamente dicho, un código deontológico escrito, una carta de servicios o de buenas prácticas.


Es interés de la Junta Directiva de ADIDE CLM que, con la participación y aceptación de todos los asociados, podamos contar con un código de conducta, con una doble finalidad:

  1. Establecer criterios técnico-administrativos que permitan lograr una mayor eficacia en el ejercicio de la actividad inspectora.
  2. Proporcionar orientaciones éticas generales para el ejercicio de la función inspectora.

En tanto se produce esta situación, son plenamente aplicables los principios éticos y el código de conducta que establece la Ley 7/2007 de 12 de abril (Estatuto Básico del Empleado Público) para el conjunto de funcionarios de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece, por primera vez en la legislación española, una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos (artículos 52, 53 y 54), que constituye un auténtico código de conducta, fundado en principios ético-profesionales. Este código de conducta, proporciona el marco de referencia para el desarrollo de un repertorio de buenas prácticas, entre las que destacaríamos las siguientes, como un compromiso específico de la Inspección de Educación, hacia la Administración, miembros de la comunidad educativa y ciudadanía:

  1. El desempeño con diligencia las tareas asignadas, velando por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
  2. El ejercicio profesional con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta señalados a continuación:
  3. La actuación de los inspectores de educación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
  4. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
  5. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
  6. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
  7. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
  8. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
  9. Mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
  10. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
  11. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
  12. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
  13. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.